En la agenda legislativa del  Partido Acción Nacional en el Senado de la República se incluye presentar una  iniciativa de Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que busca reducir la edad penal para ingresar a los Centros de Readaptación Social a los 12 años, pues ante la violencia en México, cada vez son más los casos de menores implicados en el crimen organizado.

En palabras del Senador Guillermo Anaya Llamas la iniciativa busca darle a los adolescentes alternativas y una mayor viabilidad y calidad de vida para evitar que caigan en las garras de la delincuencia organizada. Pero también aplicaría para que en el caso de que hayan cometido delitos, tengan instrumentos de rehabilitación para reintegrarse a la sociedad.

Pero el Senador Anaya es omiso en sus declaraciones.

 Una ve más la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá  a revisión las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal que regulan lo que se  denomina como divorcio exprés.

La Primera Sala atrajo un juicio de amparo respecto  a este tema, para definir si las disposiciones del D.F. atentan contra las garantías de audiencia y equidad procesal.

Supuestamente desde hace más de tres meses Felipe Calderón, Presidente de la República abrió una cuenta de Twitter. El 28 de agosto escribió “Bienvenidas todas las opiniones, incluidas las críticas, salvo los insultos. Estos tienen bloqueo automático. Saludos hasta los trolls”.

Por supuesto, como muchas cosas en las redes sociales, y en particular en Twitter, estas frases han creado controversia.

Guanajuato se ha colocado en el ojo del huracán a raíz de las seis mujeres encarceladas acusadas del delito de homicidio en razón del parentesco, pero que presuntamente fueron perseguidas por cometer un aborto, aunque no en todos los casos aplica esta presunción. El asunto ya ha llamado la atención de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

En respuesta, el gobernador y el poder legislativo de ese estado han optado por reformar el artículo 156 del Código Penal de la entidad, para que el delito quede configurado de la siguiente manera: "A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además que dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión", facultando expresamente a la Secretaría de Seguridad Pública para que de oficio determine la retroactividad de la ley en beneficio de las personas que hayan sido sentenciadas por ese delito.

Desde el pasado mes de julio en medio de rumores se anunció el divorcio de la cantante Ana Bárbara y José María Fernández “El Pirru”.

Después de que la artista presentó una demanda de divorcio, ha accedido a otorgar a Fernández una pensión alimenticia, toda vez que él dejó su carrera de arquitecto al momento de casarse con ella hace cinco años.