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Mapa de África Central

 

La decisión de la Fiscalía General de Suiza de pactar con el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorín Obiang, y regresarle un lujoso yate valuado en 120 millones de dólares, ha recibido duras críticas por parte de diversas organizaciones que trabajan en contra de la corrupción y a favor de los derechos humanos.

Teodorín Obiang no sólo es vicepresidente de Guinea ecuatorial. También es hijo del presidente en funciones desde 1979, Teodoro Obiang. Por actos de corrupción se ha abierto proceso en su contra en Francia, Estados Unidos, Brasil, España y en Suiza, país que anunció que abrían investigación en su contra en noviembre de 2016.

Consecuencia de estas investigaciones, en los diferentes países se han decomisado a Obiang bienes valuados en millones de dólares. Por ejemplo, en los Estados Unidos le fueron decomisados bienes por valor de 30 millones de dólares, entre ellos una mansión en Malibú, California, y algunos artículos que pertenecieron a Michael Jackson, como el guante con incrustaciones de cristal de la gira BAD, por el que Obiang pagó casi medio millón de dólares. En Francia, decomisaron propiedades como un departamento en la exclusiva Avenue Foch de París, una flotilla de autos de lujo que incluían dos Bugatti Veyron y un Rolls-Royce Phantom y se llenaron camiones de mudanza con valiosos objetos como diversas obras de arte, un reloj de 4,2 millones de dólares y varias botellas de vino valuadas en miles de euros por botella.

El caso seguido en Estados Unidos por “malversación y extorsión incesantes”, terminó cuando Obiang llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia en 2014 y en el de Francia, el gobierno de Guinea Ecuatorial presentó caso ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, pidiendo que se ordenara a Francia desechar el caso.

En Suiza, para desmayo de los ecuatoguineanos, el caso parece haber concluido en un acuerdo que, a juicio de los críticos, da la victoria a Obiang y es contradictorio con los compromisos contraídos por Suiza en el Foro Global de Recuperación de Activos, GFAR por sus siglas en inglés, que en el Principio 9º excluye el “beneficio a los infractores” lo que significa que ningún bien debe ser regresado.

El acuerdo al que la fiscalía suiza llegó con Teodorín incluye el regreso del yate valuado en 120 millones de dólares a cambio de que pague 1.5 millones de dólares en honorarios y gastos legales y que el producto de la venta de 25 automóviles de lujo (incluidos un Bugatti Veyron valuado en US$2.2 millones y un Koenigsegg One:1 valuado en US$2.8 millones), se utilice en “programas sociales” en Guinea Ecuatorial. Los términos de estos programas sociales o el empleo de los recursos no son claros para los habitantes del empobrecido estado africano, ni los destinatarios de estos supuestos programas.

“Esta decisión, un leve golpe en la muñeca de un derrochador compulsivo, priva a los ecuatoguineanos de justicia, ya que legitima la impunidad del régimen. Además, proporciona luz verde a otros cleptócratas para que abusen de las instituciones financieras y las leyes de Suiza para facilitar su lujoso estilo de vida, mientras que la mayoría de las personas en sus países viven en la pobreza extrema”, se lee en parte del extenso comunicado firmado por diversas organizaciones como EG Justice, ADISI Cameroon, African Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ), Civil Society Legislative Advocacy Centre (CISLAC) / Transparency International Nigeria, Civil Forum for Asset Recovery (CiFAR) y Corruption Watch UK, entre otras.

Estas organizaciones señalan que “la ‘Política de recuperación de activos’ de Suiza requiere que cada activo repatriado debe seguir los principios de transparencia y responsabilidad (objetivo 14) para garantizar que los activos recuperados no se vuelvan a utilizar para fines ilícitos. Los activos deben dirigirse para mejorar las condiciones de vida del país de origen del activo y fortalecer el estado de derecho. En este caso, las organizaciones que suscriben instan a la Oficina del Fiscal General en Ginebra a que defina cuidadosamente el proceso de restitución, el tipo de proyectos, los socios a ser responsables de la implementación y un proceso claro de monitoreo.”

Para lograr este objetivo, recomiendan a la fiscalía general suiza, entre otras, que asegure que la sociedad civil ecuatoguineana participe en el proceso para determinar la devolución de los bienes de una forma transparente, conforme con el Principio 10 del acuerdo del GFAR, y que implemente protecciones efectivas para evitar represalias gubernamentales o privadas contra cualquier posible beneficiario del acuerdo.

Se trata de recomendaciones que no son vinculatorias para las autoridades suizas, pero esperemos que ese país asuma sus compromisos y cumpla con las expectativas que ha formado internacionalmente a favor de la legalidad y la justicia.

Más información allafrica.com

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