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Teléfono con logo de Airbnb

 

Esta semana, dos palestino estadunidenses y dos municipios de Cisjordania presentaron una moción para intervenir en el proceso que en un tribunal federal en Delaware, Estados Unidos, se revisa a partir de la demanda presentada por 18 judíos y/o israelís estadunidenses en contra de Airbnb.

El caso está recurriendo la decisión de la empresa de rentas vacacionales de retirar de sus listados de habitaciones disponibles las propiedades localizadas en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. La decisión fue tomada por Airbnb en noviembre de 2018 cuando comunicó que “hemos concluido que debemos sacar de los listados los asentamientos en territorios ocupados de Cisjordania que están en el centro de la disputa entre israelíes y palestinos”.

En Israel, ante la Corte de Distrito de Jerusalén, Maanit Rabinovich, residente del territorio ocupado Kida, presentó demanda en contra de Airbnb por los daños económicos que su decisión le ocasionan.

En los Estados Unidos, también se inició acción legal ante un juzgado federal en Delaware por 18 personas, ya sean judío americanos o israelí americanos, que alegan que la decisión de la empresa es discriminatoria.

En la demanda, identificada como Silber et al v. Airbnb Inc, los demandantes exponen que son propietarios en los asentamientos afectados por la decisión de Airbnb o que desean rentar en esa zona. Argumentan que la política tomada por la empresa infringe la Ley de Vivienda Justa porque excluye del servicio a las propiedades de judíos, pero permite que propietarios musulmanes y cristianos en Cisjordania renten sus propiedades.

En la moción presentada esta semana por la organización Center for Constitutional Rights en representación de los dos palestinos estadunidenses y de las poblaciones de Anata y Jalud en Cisjordania, se argumenta que en realidad las propiedades contendidas por los demandantes no les pertenecen, sino que son propiedades de palestinos que tienen prohibido entrar a las zonas ocupadas, salvo que cuenten con un permiso especial que se otorga a trabajadores y no a palestinos que deseen hospedarse en la zona.

En la moción en que solicitan intervenir en el proceso, los palestinos exponen que “como los asentamientos son tanto ilegales como inherentemente discriminatorios, los demandantes están, en efecto, reclamando que Airbnb discrimina en contra de la facultad de los ocupantes de desposeer a los palestinos y excluirlos de sus propias tierras”.

Incluso, en la moción se pide permiso para presentar reclamos en contra de once de los demandantes por “el traspaso ilegal y ocupación de sus tierras, por el desplazamiento y persecución de palestinos y por la publicidad discriminatoria de estas propiedades a través de plataformas como Airbnb”.

Desde que en 1967 el gobierno de Israel tomó control en Cisjordania, las Fuerzas de Defensa de Israel han expropiado tierras por supuestos motivos de seguridad. Estos despojos han afectado a las poblaciones de Anata y Jalud, que intervienen directamente en la moción, y Ein Yabroud de donde es originario otro de los peticionarios.

Se estima que unos 196 gobiernos han calificado de ilegal la ocupación de los territorios en Cisjordania por Israel por ser contrarios al derecho internacional, aunque son pocos los estados que han tomado medidas al respecto.

Más información timesofisrael.com

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