Fachada de la Corte Suprema de Chile

 

La Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile, en fallo unánime, revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en la provincia de Talca y ordenó al Banco Santander restituir los fondos sustraídos a través de un fraude informático a un cliente de la entidad financiera.

“Teniendo presente los hechos asentados resulta evidente la existencia de antecedentes demostrativos de patrones de fraude,… permiten descartar que los hechos se han debido única e inequívocamente a una actividad dolosa o negligente del actor”, sostiene el fallo.

En la resolución se establece que "Las obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente en la institución recurrida, donde los patrones de conducta del cliente son elementos de juicio para la determinación de una operación engañosa; y, por último, la obligación de vigilancia y el análisis de la correlación de eventos supone evaluar restricciones en número y monto en nuevas operaciones de transferencia electrónica justamente con la función de cautela que la normativa reseñada otorga a las instituciones bancarias, por lo que, una vista general de las operaciones del cliente en la cuenta corriente respectiva otorgan verosimilitud a la intervención de terceros en los sistemas de seguridad que otorgó la recurrida", sostiene el fallo.

Los magistrados agregan que "si bien los operadores bancarios a través de transferencias electrónicas deben, en la actualidad, confirmar en forma previa la ejecución de un traspaso de fondos la existencia efectiva de recursos o eventualmente créditos disponibles, resulta del todo necesario que a partir de determinados montos preestablecidos por la propia banca, estas operaciones se lleven a cabo y concreten en forma escalonada, mediando un tiempo prudencial de espera que ratifique, confirme o verifique la autenticidad de dicha operación, ejecutada a través de este medio".

En ese sentido, se explica que las obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente en la institución bancaria, para mitigar los riesgos y disminuir la posibilidad de que los canales electrónicos se puedan transformar en vehículos para efectuar fraudes.

Al acoger el recurso de protección del afectado por el fraude informático se ordenó a Banco Santander restituir la suma de 8,000 dólares, descontando el pago efectuado por el seguro respectivo.

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