Corte Internacional de Justicia

 

Ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, Gambia ha presentado una solicitud para que Myanmar, antes conocido como Birmania, sea procesado por el genocidio de musulmanes rohingya, una etnia que habita en el estado de Rakhine y que desde 2016 han sufrido graves persecuciones por parte del ejército birmano.

Se estima que 1.1 millones de rohingya vivían en Rakhine cuando en octubre de 2016 el ejército de Myanmar empezó con operaciones en su contra señalando que no son nacionales y que se trata de inmigrantes de Bangladesh. De esta forma, iniciaron actos de persecución que llevó a la muerte de muchos de ellos, a la destrucción de su propiedades y posesiones y, eventualmente, al desplazamiento de más de 500,000 de ellos hacia Bangladesh.

Se trata de un atentado que muchos países del mundo han denunciado, pero del que hasta ahora se presenta acción legal. Ya la fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Fatou Bensouda inició investigación preliminar sobre los hechos denunciados, pero como Myanmar no es parte del Estatuto de Roma, proceder en su contra presenta más retos legales. La CPI fue creada específicamente para procesar genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando estos delitos no están siendo procesados por otras instancias, como el caso de Myanmar.

En su solicitud de 46 páginas, Gambia acusa al gobierno de Myanmar de haber cometido genocidio, violaciones sexuales y destrucción de comunidades en el estado de Rakhine. La petición se fundamenta en el incumplimiento por parte de Myanmar de la Convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio. Para asegurar jurisdicción la CIJ necesita que las solicitudes queden fundadas en el incumplimiento al derecho internacional.

“Los actos genocidas cometidos durante estas operaciones [del ejército de Myanmar en 2016] fueron con la intención de destruir a los rohingya como grupo… mediante el uso de homicidios masivos, violación y otras formas de violencia sexual, así como de la destrucción sistemática mediante incendios de sus villas, frecuentemente con los habitantes encerrados en las casas en llamas”, se lee en la solicitud presentada por Gambia y apoyada por otros estados musulmanes.

Estos actos del ejercito fueron la respuesta, se explica en la solicitud, al ataque a tres guardias fronterizos que “unos cuantos rohingya, armados principalmente con palos, cuchillos y unas pocas armas de fuego” hicieron como respuesta a la persecución que ya se estaba haciendo los integrantes de la etnia por las “campañas de deshumanización” iniciadas por el gobierno.

En la solicitud, además de describir los actos de barbarie cometidos, se señala que los 600,000 rohingya que aun quedan en el país están en “real y significativo peligro” de nuevos actos genocidas. Por tal motivo, Gambia pide que la CIJ castigue a los responsables de estos actos, ordena la compensación a la víctimas y se ordene el inmediato cese a los ataques.

Detrás de esta solicitud de Gambia ante la CIJ, y que es apoyada por la Organización de Cooperación Islámica, está el fiscal general de Gambia, el abogado Abubacarr Marie Tambadou quien en el pasado se desempeñó como fiscal en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que procesó a los responsables del genocidio en ese país en contra de la etnia tutsi.

Como consultor para Gambia, el profesor y abogado británico Philippe Sands también participó en la redacción de la solicitud. Philippe Sands está trabajando también en la defensa de los habitantes del archipiélago de Chagos para que les permitan su regreso y desde el 2015 se pronunció para que la CIJ intervenga en el asunto del cambio climático.

“La Corte Internacional de Justicia es el máximo guardián de la convención sobre el genocidio, concebida hace siete décadas, bajo la iniciativa de Raphael Lemkin, para prevenir y sancionar los horrores del tipo que han ocurrido, y siguen ocurriendo, en Myanmar.

“La Corte estará muy consciente de sus responsabilidades [y] seguramente desea estar a la altura de ellas al asegurar la mayor protección posible a los individuos y grupos”, declaró sobre la solicitud el profesor Sands.

La CIJ ahora deberá pronunciarse sobre la aceptación de esta solicitud. De hacerlo, no esperemos que el asunto quede resuelto en el corto plazo.

Más información theguardian.com

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