Mapa y bandera de Sudán

 

El gobierno de transición de Sudán tomó la semana pasada dos importantes decisiones: abrogar la ley de orden publico que era usada para regular el comportamiento de la sociedad, particularmente de las mujeres, y disolver el Partido del Congreso Nacional del expresidente Omar- al-Bashir.

Sudán estuvo gobernada desde junio de 1989 a abril de 2019 por Omar al-Bashir, quien gobernó el país con mano dura, y quien es acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la represión cometida en Darfur durante años. Al-Bashir se convirtió en el primer presidente en funciones en ser indiciado por la Corte Penal Internacional, CPI, tribunal que en 2009 giró una orden de arresto en su contra, que, sin embargo, no ha sido cumplida.

En abril de este año, tras una serie de manifestaciones, Al-Bashir fue depuesto por el ejército y desde entonces se encuentra bajo custodia. En mayo fue imputado por lavado de dinero y corrupción y a principios de noviembre la junta gobernante hizo saber que una vez que el proceso que inició por los delitos antes señalados finalice, será entregado a la jurisdicción de la CPI.

Tras la salida de Al-Bashir, el poder fue tomado por el Consejo Militar de Transición que trasladó las funciones ejecutivas al un consejo integrado por militares y civiles y representado por un civil, el primer ministro Abdalla Hamdok.

El anuncio de la abrogación de la ley de orden público fue realizado por el primer ministro Hamdok, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Rindo tributo a las mujeres y jóvenes de mi país que tuvieron que soportar las atrocidades que resultaron de la implementación de esta ley”.

Atrocidades como la que padeció la periodista Lubna Ahmed al-Husayn que en 2009 fue detenida con fundamento en esta ley por vestimenta indecente por usar pantalones en público, falta que era condenada con azotes públicos. O el proceso al que quedó sujeta Amira Osman Hamed por no haber usado su hijab o velo islámico en público, falta castigada también con azotes.

En 2017 la ley fue descrita como una mezcla de disposiciones legales y morales con las que el gobierno controlaba a las mujeres en lo que vestían, con quiénes hablaban y qué veían, castigándolas con azotes e incluso con lapidación. En últimas fechas, la ley era aplicada particularmente a mujeres de bajos recursos económicos, pues las mujeres de mayor poder adquisitivo frecuentemente eran vistas en Jartum usando pantalones sin recibir sanciones por ello.

La segunda decisión importante anunciada la semana pasada fue la disolución del partido de Omar al-Bashir, Partido del Congreso Nacional, NCP por sus siglas en inglés, lo que otorga poderes al gobierno para embargar los bienes de la organización política y “regresar los bienes robados al pueblo de Sudán”, según escribió el Twitter el primer ministro. En el decreto expedido sobre este particular también se prohíbe el uso de cualquier signo o símbolo usado por el partido en actividades políticas por un plazo de diez años.

Sobre esta decisión, en el perfil de Facebook del NCP se respondió que la decisión era “nada más que un escándalo moral, un acto de insolvencia intelectual y un fracaso total por parte del gobierno ilegal”, asegurando que “al partido no le molesta esta ni ninguna ley o decisión emitida porque el NCP es un partido fuerte y sus ideas prevalecerán”.

Los anuncios del gobierno, sin embargo, propiciaron una gran demostración de júbilo en las calles. Una demostración ocurrida pocos días después de que las mujeres sudanesas marcharan por primera vez para abogar por la eliminación de la violencia cometida hacia ellas.

Más información bbc.com

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