Manos tras las rejas

 

En Pakistán, Rani Bibi, una mujer de 36 años que fue encarcelada desde los 14 por el homicidio de su esposo, delito del que resultó ser no culpable, está demandando al estado para obtener resarcimiento de daños, una demanda inusual en un país que no tiene implementado un sistema de compensaciones de este tipo.

La vida de Rani Bibi fue tocada por la ilegalidad desde que se le obligó a contraer matrimonio siendo una niña, antes de la edad legal permitida. Después, tras el homicidio de su esposo, fue sentenciada a prisión, junto con su padre, un hermano y un primo y ahí permaneció durante 19 años, perdida en la burocracia del sistema porque el superintendente no siguió el proceso legal y no presentó la apelación en tiempo y forma ante el tribunal superior.

Su caso fue descubierto incidentalmente en 2014 por la abogada de derechos humanos Asma Jahangir, fallecida en febrero de 2018, quien presentó una apelación que llevó a la liberación de todos los cargos en 2017, cuando un juez del tribunal superior, disculpándose de tan terrible negligencia dijo que a ella "se le dejó languidecer en la cárcel únicamente debido a [la] actitud deslucida de las autoridades de la cárcel". Agregó que "este tribunal se siente impotente para compensarla".

El sistema de compensaciones es prácticamente inexistente en Pakistán y este caso busca no solo obtener el resarcimiento de daños para Rani Bibi, sino promover una ley mediante la cual el estado subsane estas negligencias que, al parecer, son muchas. Así, se estima que hay miles de casos como el de Rani Bibi.

“En 2008 Pakistán se adhirió a la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza que cualquiera que sufra un error judicial sea compensado. Sin embargo, las cortes pakistanís se han mostrado reacias a ejecutar esto por miedo de que un gran número de sentencias equivocadas cada año resulten en la apertura de las compuertas con miles de víctimas demandado compensación”, declaró a The Guardian Osama Malik, abogado en Islamabad.

Respecto de estas condenas equivocadas, un estudio publicado en 2019 por la Fundación de Derechos Fundamentales, una organización pakistaní que apoya el caso de Rani Bibi, encontró que el 78 por ciento de las condenas a muerte decididas en tribunales inferiores fueron revertidas por la Suprema Corte.

“Este caso necesita el reconocimiento de los jueces como un error judicial”, declaró la abogada Michelle Shahid de la mencionada Fundación respecto del caso de Rani Bibi. “No hay debate en Pakistán sobre las condenas equivocadas en casos penales y este es el momento oportuno para presentar legislación sobre este tema”.

“El caso de Rani Bibi pasando dos décadas en prisión después de haber sido condenada equivocadamente, puede parecer alarmante para las observadores externos, pero aquellos que practican el derecho reconocen que las condenas sobre el fundamento de evidencia circunstancial o confesiones obtenidas por tortura por las agencias investigadoras son de una ocurrencia bastante común”, opinó sobre el tema el abogado Malik.

Rani Bibi se reconoce como la víctima de una injusticia que sigue pesándole hoy en día porque le es difícil encontrar empleo debido a la notoriedad de su caso y a que estuvo en prisión, sin importar que es inocente. Su padre, quien también fue sentenciado por el homicidio de su primer esposo, murió en prisión, y su hermano y su primo salieron muchos años antes que ella. Sumida en la pobreza, ahora vive con su nuevo esposo y su hermano con la esperanza de que, ante la imposibilidad de que le regresen su adolescencia y juventud, el estado por lo menos le entregue dinero que pueda ayudarla a salir adelante y “que ningún ciudadano de Pakistán sufra en las manos del sistema de justicia penal como yo lo he hecho”.

Más información theguardian.com

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