Fachada de la Suprema Corte de EEUU

 

La Suprema Corte de los Estados Unidos confirmó esta semana que los estados tienen inmunidad soberana frente a demandas en las que se alega que han violado derechos de autor.

En el caso, el realizador de documentales Rick Allen filmó a mediados de la década de 1990 imágenes de investigadores que rescataban los restos del emblemático buque insignia de Blackbeard, Queen Anne's Revenge, que encalló en Beaufort, Carolina del Norte, en 1718. Según la ley, Carolina del Norte era propietaria del naufragio.

Allen registró los videos e imágenes en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Esas imágenes fueron posteriormente comercializadas por Nautilus Productions.

En 2013, Allen acusó a Carolina del Norte y a su Departamento de Recursos Naturales y Culturales de infringir los derechos de autor por publicar algunas imágenes del naufragio en su sitio web. Llegaron a un acuerdo, pero después de retirar las imágenes, el Departamento publicó cinco videos cortos y una fotografía de la expedición de recuperación.

Allen decidió demandar. Para proteger al estado, los legisladores del congreso local aprobaron una ley que trata todas las fotografías, grabaciones de video y otros materiales documentales de un barco o naufragio abandonado o su contenido como del “dominio público".

La Décimo Primera Enmienda establece que los tribunales federales no pueden aceptar una demanda contra los estados, por lo que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1990 una serie de leyes que abrogaban la inmunidad de los estados en materia de derechos de autor, patentes y marcas, pero en el caso, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito sostuvo que el Congreso había abrogado inconstitucionalmente la inmunidad soberana del estado.

De acuerdo con la decisión tomada por la Suprema Corte, el Congreso no tenía la autoridad para eliminar esa inmunidad cuando aprobó la Ley de aclaración de derechos de autor. La Corte Suprema había dictaminado previamente que el Congreso no tenía el poder de despojar a los estados de inmunidad de las demandas de patentes. Esa decisión anterior de 1999 obliga a aplicar el mismo criterio en materia de derechos de autor, en opinión de la ministra que presentó el proyecto de resolución, Elena Kagan.

Los tribunales federales generalmente no pueden escuchar demandas de ninguna persona contra un estado a menos que se cumplan dos condiciones, establece Kagan. La primera condición es que el Congreso revoque la inmunidad estatal en un lenguaje legal inequívoco. La segunda es que algunas disposiciones constitucionales permitan al Congreso invadir la autoridad estatal.

Para Kagan, la primera condición se cumplió, pero no la segunda. Pero la ministra considera que el Congreso aún puede aprobar una ley válida que derogue la inmunidad si los legisladores pueden establecer un patrón de infracción de los derechos de autor por parte de los estados.

Por lo pronto Allen ha perdido su caso.

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