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Esta semana, la Corte Suprema del Reino Unido concluyó que la información que el gobierno británico proporcionó al de los Estados Unidos respecto de dos hombres sospechosos de haber decapitado a varias personas en territorio controlado por ISIS, fue ilegal porque no obtuvo garantías de que no se les sentenciaría a la pena de muerte.

La decisión emitida es respecto del caso de El Shafee Elsheikh y Alexanda Kotey, criados en el Reino Unido y presuntamente parte de una célula terrorista del Estado Islámico, responsables de por lo menos 27 decapitaciones de ciudadanos estadunidenses y británicos.

En febrero de 2018, estos dos sujetos, a los que se les despojó de la ciudadanía británica, fueron capturados por fuerzas kurdas sirias, lo que inició negociaciones entre los Estados Unidos y el Reino Unido para determinar en dónde serían procesados. Finalmente, el entonces ministro del Interior (Home Office) Sajid Javid, escribió al fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, señalando que su país no pretendía por el momento solicitar ni alentar activamente la transferencia de Kotey y Elsheikh al Reino Unido y que no había “razones para solicitar una garantía sobre la pena de muerte en este caso específico”. Bajo estas circunstancias el gobierno británico proporcionó información y evidencia a sus colegas estadunidenses sobre estos dos hombres.

La controversia fue presentada ante los tribunales británicos por la madre de El Shafee Elsheikh, representada por el despacho Birnberg Pierce, argumentando una violación a la Ley de Protección de Datos por parte del gobierno británico.

La decisión aprobada unánimemente por los siete magistrados que conforman la Corte Suprema, fue leída por Lord Kerr. “Mucha de la información proporcionada o que va a ser proporcionada a las autoridades de los Estados Unidos consiste en datos personales. Era de entendimiento común entre las partes que la provisión de asistencia legal mutua implicaba el ‘procesamiento’ de dichos datos personales incluidos en la parte 3 [de la] Ley de Protección de Datos”, declaró el magistrado.

“Este procesamiento solo es legal cuando cumple con los principios de la protección de datos de la sección 34 de la DPA. Concluyo que ya que la transferencia del material a las autoridades de los Estados Unidos sin haber obtenido garantías sobre la pena de muerte fue contrario a la ley, donde los principios primero y segundo, de requerir que el procesamiento sea legal y justo, no se cumplieron”.

La madre de Elsheikh ha estado solicitando que la decisión de que su hijo no sea procesado en el Reino Unido sea reconsiderada, pues de ser procesado en ellos Estados Unidos muy probablemente sería condenado a muerte.

En relación con esto, el magistrado Kerr declaró en la decisión: “Creo que ha llegado el momento en que un principio del derecho consuetudinario debe ser reconocido según el cual se considera ilegal facilitar el juicio a cualquier individuo en un país extranjero en donde, de hacerlo, pondría en riesgo a esa persona de ser ejecutada”.

Sin reconocer su responsabilidad o la ilegalidad del acto, un vocero del Ministerio del Interior dijo: “La prioridad del gobierno siempre ha sido el mantener la seguridad nacional y de hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Esto no ha cambiado. Claramente estamos muy decepcionados con la sentencia de hoy y cuidadosamente consideraremos los siguientes pasos”.

Más información theguardian.com

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