Concentración de personas

 

Como respuesta a una denuncia en contra de varios funcionarios españoles, incluyendo al presidente del gobierno, una juez en Madrid abrió investigación por el permiso otorgado para la realización de marchas y concentraciones masivas, como la del 8 de marzo, cuando ya existía un aviso sobre el coronavirus COVID-19.

La denuncia acusa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a todos los delegados del gobierno de las diferentes comunidades autónomas de los delitos de prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia administrativa por haber permitido marchas y concentraciones masivas después de que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades hubiere emitido un informe de aviso sobre el coronavirus. Las marchas permitidas no solo fueron las del Día de la Mujer del 8 de marzo, sino 77 reuniones multitudinarias desde el 2 de marzo según la denuncia.

La investigación abierta por la juez Carmen Rodríguez-Medel, del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid es respecto de la actuación del delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene jurisdicción por el delito de prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia administrativa. En su auto indica al denunciante que, de considerarlo oportuno, presente la denuncia en contra del presidente Sánchez ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de los demás delegados ante los órganos judiciales de cada comunidad autónoma.

El principal delito que se argumenta es el de prevaricación administrativa establecido en el artículo 140 del Código Penal que dispone: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”

Estableciendo que no hay carácter de urgencia y que, debido al estado de alarma establecido en España, las diligencias pueden esperar, ordena que se investigue a la Policía, la Guardia Civil y al médico forense.

La investigación del médico forense es para conocer si las manifestaciones permitidas al amparo del derecho de libertad de reunión fueron susceptibles de causar riesgos evidentes para la vida y, en el caso de que concluya que sí, si esta circunstancia era notoria en ese momento. Además, pide una estadística de probabilidad en la que se le indique si hay datos que evidencien el daño. "Por ejemplo, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron”.

Por el otro lado, ordena a la Policía y a la Guardia Civil que rastreen el informe emitido por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, si llegó al gobierno central y cuando y si había o no recomendaciones sanitarias del gobierno central en los días previos a las concentraciones masivas. También deberán rastrear todas las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno y si se instó a la toma de medidas de precaución como guantes o mascarilla para acudir a esas marchas.

Al abrir la investigación y ordenar las diligencia, la juez Rodríguez-Medel señala que el derecho de reunión que protege la Constitución debió haberse limitado debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso, la vida, cuestionando "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a esta decisión manifiesta dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante y concluye que "la calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras", lo que se determinará en su debido momento una vez que se haya realizado la investigación.

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