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La Suprema Corte de Justicia de Uruguay consideró que las expresiones de un trabajador en su cuenta de Facebook en contra de la empresa en la que trabajaba, constituyen un incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador.

Un trabajador laboraba en la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A. (Cutcsa) y ante el anuncio de que se tomarían medidas para mejorar la limpieza de los ómnibus, usó su perfil de Facebook para descargar su enojo, quejándose de los “pasajeros sucios” que dejan en “estado lamentable” los ómnibus.

El trabajador fue sancionado con cuatro días de suspensión, pero además debió firmar una declaración en la cual reconocía que su “comportamiento y vocabulario” no se ajustaba a los “estándares pretendidos” por su empleadora. Sin embargo, con el paso de los días la sanción acrecentó su enojo.

Entonces acudió nuevamente a Facebook y publicó un video de casi media hora protestando y advirtiendo que eso “no quedaría así”, y que no se “callaría”. Afirmó que vivía en democracia y no en una dictadura y acusó a la empresa de creerse “dueña del mundo” por estar “con el gobierno”.

Cutcsa lo despidió por “notoria mala conducta”, sin derecho a cobrar indemnización.

El trabajador inició un juicio laboral contra la compañía alegando que la sanción era desproporcionada y que merecía cobrar la indemnización por despido y otros rubros como horas extras y días de descanso.

En primera instancia la demanda fue desechada, pero el Tribunal de Apelaciones de Trabajo concluyó que el trabajador no se había comportado con “notoria mala conducta” y que merecía cobrar una indemnización de más de 23,000 dólares, al considerar que actuó amparado en su derecho a la libertad de expresión, que es superior al “poder disciplinario del empleador”.

La sentencia fue apelada por Cutcsa y la Suprema Corte, por unanimidad, la revocó. Según el fallo del máximo tribunal, el trabajador hizo un “uso abusivo” de su derecho a la libre expresión, y transgredió de forma “flagrante y grave normas de convivencia básicas”. Para la Corte, la actitud del trabajador constituyó “un grave incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo y los principios que deben informar la relación de trabajo, tales como el respeto recíproco y el trato honesto y leal entre las partes”.

La Corte afirmó que el caso “permite concluir —sin hesitación (duda) alguna— que efectivamente existió ‘notoria mala conducta’ del trabajador, y ello habilita la anulación del fallo de segunda instancia”.

Según la Corte, “no se está ante un conflicto de derechos que se solucione a través de la ponderación. Para que dicho método resulte efectivo es menester que los derechos en juego sean lícita o regularmente ejercidos”. Pero en el caso, “a poco que se analicen las expresiones vertidas por el trabajador, se advierte con singular anchura, la transgresión flagrante y grave a normas de convivencia básicas, que no son toleradas por el derecho, ni debieron serlo por los aplicadores judiciales”.

La libertad de expresión, se sostiene en la sentencia, “no es un derecho absoluto”. Y en el caso, hubo “lisa y llanamente un ejercicio abusivo” de tal derecho.

Los dichos del trabajador “contienen amenazas, admoniciones, insultos y hasta atribuciones de delitos, todo lo cual, por otra parte, importa una infracción grave al deber de lealtad, de tal entidad que determinó la justificable pérdida de confianza que la empleadora había depositado en su trabajador”, evaluó la Corte.

Para los ministros, “tampoco es irrelevante que el actor se haya tomado dos semanas de reflexión antes de grabar el video”. Sus expresiones ofensivas “hubieran constituido una reacción, que aunque desproporcionada y desmedida —quizás— podría ser entendible si las hubiera proferido inmediatamente después de la aplicación de la sanción. Sin embargo, se tomó el trabajo de realizar el video y de difundirlo, lo que demuestra la animadversión hacia el empleador que inspiró tales dichos”.

La Corte consideró que sus sugerencias de que “la empleadora y los gobernantes mantienen negociaciones ilegítimas, son lesivas del buen nombre de la empresa y, además, van acompañadas de la amenaza (…) de seguir haciendo videos con los cuales exponer al empleador a un mayor desprestigio y descrédito social. Dicha actitud, aunque no se concrete en un daño cierto, constituye un grave incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo”.

A veces se olvida que lo que ocurre en el mundo virtual, tiene consecuencias en el mundo real.

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