Representación de la pena de muerte

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó los obstáculos para que se cumplan las sentencias de pena capital a nivel federal, después de que se suspendieron de forma tácita hace de 17 años. La última ejecución de un condenado por el sistema federal fue en 2003.

Hace un año el Departamento de Justicia de EEUU informó que reanudaría a partir de diciembre de 2019 las ejecuciones de condenados federales a la pena capital, ordenando el fiscal general William Barr al Buró Federal de Prisiones adoptar una adenda al Protocolo Federal de Ejecuciones.

La adenda, similar a los que utilizan estados como Georgia, Misuri y Texas, reemplaza la inyección letal de tres fármacos que se empleaba previamente en ejecuciones federales por un solo fármaco, el pentobarbital. Con la caída de las sentencias de muerte, las compañías farmacéuticas habían reducido la producción de los medicamentos utilizados: tiopental sódico, para aturdir, bromuro de pancurio con un efecto paralizante y cloruro de potasio para matar.

"Desde 2014, 14 estados han usado pentobarbital en más de 200 ejecuciones” señaló Barr, “y las cortes federales, incluida la Corte Suprema, han establecido más de una vez que el uso de pentobarbital es de conformidad con la Octava Enmienda" que prohíbe los castigos crueles.

Entre los cinco condenados que tienen programada su ejecución se encuentran Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo de supremacistas blancos que robó y asesinó a una familia, incluida una niña de ocho años, y Alfred Bourgeois, quien torturó, abusó sexualmente y luego mató a golpes a su hija de dos años y medio.

Earlene Peterson, madre de Nancy Mueller y abuela de la pequeña Sarah Elizabeth, víctimas de Lewis, se ha opuesto a su ejecución, al considerar que se trata de una salida fácil para el criminal, logrando posponer la ejecución inicialmente programada para diciembre de 2019.

Así, argumentó que se estaba violando su derecho a presenciar la ejecución de Lewis, porque por la epidemia no podía hacerlo, especialmente porque incluso en la prisión donde se encuentra Lewis, existen casos registrados.

El 10 de julio la juez de distrito Jane Magnus-Stinson concedió la suspensión de la ejecución, aceptando el argumento. Sin embargo, el 12 de julio el séptimo Tribunal de Apelaciones de Circuito de EEUU anuló la orden de Magnus-Stinson.

El 13 de julio, horas antes de la ejecución, otra juez de distrito Tanya Chutkan, suspendió otra vez la ejecución, por al menos siete días, para que el tribunal examinara la apelación presentada por cuatro prisioneros en el corredor de la muerte contra el nuevo protocolo para el ejecuciones federales que violarían la octava enmienda de la constitución, la que prohíbe el castigo cruel.

En este caso se argumentaba que las drogas utilizadas para la inyección letal, de hecho, "producen sentimientos de ahogamiento y asfixia, causando dolor extremo, terror y pánico". Mientras que la muerte estatal debe ser aséptica. Pero el Departamento de Justicia había anunciado de inmediato una nueva apelación.

La Suprema Corte resolvió que no existe el derecho de asistir a las ejecuciones, sino que es una posibilidad u opción para los familiares de las víctimas y que la ejecución con pentobarbital se apega a la Octava Enmienda.

"Revocamos la orden preliminar de la Corte de Distrito y las ejecuciones podrán tener lugar como estaban previstas", indicó la Corte Suprema, en alusión a las ejecuciones de cuatro condenados a muerte que estaban planificadas.

Ayer Lewis fue ejecutado.

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