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Coincidiendo con decisiones tomadas en instancias inferiores, el 27 de julio la Corte Constitucional alemana rechazó dos apelaciones presentadas en contra de Google por el llamado derecho al olvido, en la primera decisión del máximo tribunal alemán respecto de la ley europea de 2018 que regula la protección de datos personales.

El “derecho al olvido” nació en Europa a partir de una decisión de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del caso presentado por un español que pedía que Google borrara de los resultados del buscador una noticia publicada en 1998 sobre una deuda que tenía, alegando que la deuda ya había sido saldada.

En esa decisión, el TJUE concluyó que Google, y en general los motores de búsqueda, quedaban incluidos en la Directiva 95/46 sobre el tratamiento de datos personales y observó que todas las compañías que presenten sus servicios de búsqueda en Europa, aunque no fueran europeas, quedan obligadas a atender las solicitudes de los ciudadanos para borrar ciertos registros. Dejó claro, sin embargo, que siempre se debe busca un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de datos de carácter personal previstos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Desde entonces esta decisión ha estado vigente y aplica respecto de las reglamentaciones de protección de datos con algunas limitantes. Por ejemplo, las empresas como Google o Bing solo quedan obligadas a borrar la información de los resultados de búsqueda lo que significa que la información sigue almacenada en la red. Además, los resultados solo se eliminan para la región solicitada y no en todo el mundo.

Si alguna persona considera que es pertinente que su información sea eliminada del resultado de búsqueda debe hacer su solicitud primero a la empresa y después acudir a los organismos nacionales de protección de datos o a los tribunales para solicitar la actualización de este derecho de considerarse procedente.

La Corte Constitucional alemana revisó dos casos. El primero respecto de un exdirector de administración de una institución sin fines de lucro, pidiendo la eliminación de los resultados de artículos publicados en 2011 en los que se reportó que la organización que administraba estaba en problemas financieros y que esta persona se había reportado enferma. Su argumento era que la información sobre su salud no debía estar disponible al público años después.

En su caso, la Corte concluyó que aunque ciertos enlaces críticos deben ser eliminados de las listas de búsqueda, siempre depende una consideración completa de los derechos fundamentales en cada caso individual, negando que fuera procedente en este caso.

El segundo caso se refiere a dos ejecutivos de una empresa de servicios financieros que piden la eliminación de cierta información negativa respecto de su modelo de inversión, alegando que los artículos vinculados a sus nombres contienen información falsa y promueven los servicios financieros de otros. Este caso fue referido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Reporte de Transparencia de Google, plataforma que es usada en el 90 por ciento de las búsquedas, indica que desde 2014 casi un millón de europeos han pedido la eliminación de enlaces y casi cuatro millones de enlaces han sido eliminados. En aproximadamente la mitad de estas solicitudes la empresa accedió directamente a la petición y en la mayoría de los casos los resultados borrados eran de páginas de Facebook. Cerca de una de cada seis peticiones para borrar enlaces fue hecha por alemanes.

En entrevista para DW, el profesor Viktor Mayer-Schönberger del Oxford Internet Institute, opinó que las decisiones judiciales sobre el derecho al olvido son muy importantes, pero está convencido de que las soluciones legales solo son temporales y hace un llamado en su lugar a una “práctica del olvido” que se base en procesos técnicos y herramientas y en una fecha de expiración digital de la información.

Mientras esas soluciones ideales llegan, los europeos seguirán acudiendo a los tribunales.

Más información dw.com

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