El juez Noveno de Distrito del Primer Circuito admitió la demanda colectiva promovida por el Comité Ciudadano de la colonia Hipódromo II contra las autoridades de la Ciudad de México por violar los derechos de los peatones e incumplir la obligación de brindar la Buena Administración Pública, un derecho previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México.

El Comité Ciudadano denunció la omisión del secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, para prohibir y sancionar a las empresas y usuarios de monopatines eléctricos de renta y bicicletas sin anclaje de renta, que se estacionan o circulan sobre banquetas, pasos peatonales, parques, camellones y rampas para personas con sillas de ruedas, entre otros lugares.

También denunció que, sin consultar a los vecinos, se impuso como zona de operación para las empresas operadoras las colonias Hipódromo, Condesa, Roma, Juárez, Polanco, Anzures, Del Valle y Nápoles, entre otras.

En la demanda se señala como responsables a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por emitir Reformas al Reglamento de Tránsito que violan derechos humanos y sus garantías previstos en el Título I de la Constitución Política federal y reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Asimismo, se señala a la Secretaría de Movilidad por emitir lineamientos que regulan el uso de scooters y bicicletas y a la Secretaría de Medio Ambiente por asumir una actitud pasiva y no participar en la evaluación de los impactos de estos sistemas de movilidad y en la valoración como vehículos "sustentables".

También a las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por asumir una actitud pasiva y no participar en el diseño de los lineamientos de operación de estos sistemas de transporte.

También se señala como autoridades responsables a las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, por violentar el derecho a la buena administración pública consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, y a la Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la capital, el Congreso Constituyente, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Congreso de la Ciudad de México.

El próximo 1 de julio se celebrará la audiencia constitucional y se emplazó "a las autoridades responsables, que respectivamente deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de 15 días". El juez no concedió la suspensión provisional en el caso ya que la parte quejosa no lo solicitó.

En un comunicado el comité denunció que durante más de un año de operaciones irregulares, las autoridades no han logrado poner orden y esto ha colmado la paciencia de los vecinos, que se vieron en la necesidad de acudir a solicitar el apoyo de la justicia federal.

Sumando además la aprobación de un reglamento de tránsito que permite la operación e invasión de estos medios alternativos de transporte de las áreas que usualmente son utilizadas por peatones.

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