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En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se presentó una iniciativa de ley federal de combate a los conflictos de intereses, para prevenir que los negocios de funcionarios y sus familiares obtengan beneficios indebidos.

La iniciativa busca incluir, por ejemplo, una definición de pareja de los servidores públicos y obligarlos a vender sus activos en empresas o constituir un fideicomiso ciego, donde esos activos sean administrados, sin que tengan forma de conocer el manejo de sus bienes.

La iniciativa, que se turnó a comisiones, también prevé que el gobierno federal no podrá otorgar contratos a empresas de las que funcionarios públicos de alto nivel hayan formado parte dos años previos a su cargo, al igual que su cónyuge, concubina, concubinario, conviviendo, pareja o parientes hasta el cuarto grado.

En el proyecto, se resaltó que si bien la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé obligaciones y sanciones administrativas a funcionarios, y que la Ley de Austeridad Republicana prevé que estos no podrán asumir un cargo en la iniciativa privada en los diez años posteriores al término de su función, las disposiciones son insuficientes para prevenir y castigar el conflicto de interés.

La iniciativa presentada por Morena, la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, considera que el marco legal no regula los conflictos de interés y ha sido insuficiente para prevenirlos y sancionarlos porque, además, no existe en el plano práctico, un acuerdo sobre la extensión y límites del concepto y hay una dispersión de definiciones y sanciones en las leyes.

En ese sentido, se planteó introducir el concepto de conflicto de interés como “la situación en que los interés particulares de los funcionarios se contraponen con el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones”.

También, se agrega la definición de “actuación bajo conflicto de interés”, cuando un servidor público “interviene por motivo de su empleo, cargo o comisión en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflictos de intereses o impedimento legal.

Asimismo, se define el concepto de pareja de un funcionario público: “La unión de dos personas que, con independencia de su cohabitación, se vinculan afectiva y sentimentalmente, formando una convivencia formalizada que les permite compartir espacios, actividades recreativas y sociales, así como relaciones interpersonales con los integrantes del núcleo familiar de cada uno”.

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