Se sigue escribiendo la historia en el caso de Marisela Escobedo. El próximo martes el Congreso del Estado decidirá si se inicia juicio político en contra de los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudid por la exoneración del asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, Sergio Rafael Barraza Bocanegra y que presuntamente es el autor intelectual de homicidio de la Sra. Escobedo.

 

Este no es el primer caso en el que se pretende someter a juicio político a unos jueces por las decisiones que toman.

En Agosto de 2001 el Congreso del Estado de Guerrero sujetó a ese proceso a Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y a María del Pilar León Flores, juez de primera instancia de la misma entidad federativa, por absolver a una persona acusada de secuestro, al considerar que los medios de prueba ofrecidos durante el proceso penal resultaban insuficientes para establecer cuál fue la participación o coautoría del coacusado en la comisión del delito de secuestro

 

Una vez revisado el caso, el Congreso local decidió destituir e inhabilitar a los jueces por supuestamente no haber valorado adecuadamente las pruebas que se les presentaron.

 

En este caso el Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero promovió la controversia constitucional 328/2001 y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 18 de noviembre de 2003 que la decisión del Congreso de Guerrero era inválida, en virtud de que "no pueden ser materia de juicio político las consideraciones jurídicas de una resolución de carácter jurisdiccional emitidas por servidores públicos del Poder Judicial, ya que con ello se invade la competencia de dicho poder."

 

Y esa no fue la primera vez que la Corte consideró que se violaba la autonomía, reserva de derechos y división de poderes al someter a juicio político a un juez, con base en argumentos  jurídicos relativos a la supuesta inexacta valoración   de   pruebas y de constancias de autos en un caso, ya que la misma decisión se tomó en las controversias constitucionales 19/1997 y 26/1997.

 

Salvador Urbina Quiroz, portavoz de la Federación de Abogados de Chihuahua, alertó a los miembros del Congreso de Chihuahua sobre este criterio, “Sería importante que los legisladores sepan que ya existe ese criterio y lo consideren, lo analicen, porque se vería su mala fe o su ignorancia con una resolución en contra de los jueces locales y vayan a vulnerar el Poder Judicial en una franca invasión de los poderes”, expuso.

 

Urbina Quiroz destacó que es necesario conocer cual será la postura del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, Javier Ramírez Benítez ante la intromisión directa del Poder Ejecutivo y Legislativo en asuntos meramente jurisdiccionales. Los magistrados de las diferentes salas que conforman el poder judicial se reunieron con Ramírez Benítez para solicitarle se haga valer la autonomía de los órganos de justicia.

 

En general existe consenso entre las distintas agrupaciones de abogados de Chihuahua que los jueces actuaron conforme  a la ley, por lo que en este asunto lo que esta en juego es el respeto al Estado de Derecho y la División de Poderes.

 

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