La semana pasada el Centro Británico de Estudios Estratégicos dio a conocer la totalidad de los archivos encontrados en la computadora de Raúl Reyes, portavoz de las FARC, y que fueron recuperadas tras la incursión militar a un campamento de la guerrilla en marzo de 2008 en el que resultaron muertas 25 personas, entre ellas Raúl Reyes.

 

La revelación de dicha documentación volvió al tema del apoyo de los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Rafael Correa, de Ecuador, al grupo guerrillero de las FARC y la conclusión del ISIS de que ambos mandatarios efectivamente apoyaban a dicha organización.

 

Pero en Colombia las conclusiones son diferentes. La Suprema Corte de Colombia declaró que la documentación obtenida de la computadora de Reyes era ilícita, con lo que puso en tela de juicio la legalidad de la incursión militar de 2008 y la recolección de pruebas y con esta decisión deja prácticamente sin sustento legal otros procesos judiciales contra ex congresistas, en lo que se conoce como la farcpolítica.

 

A la decisión se llegó con la inhibición de la Corte de continuar la investigación en contra del ex congresista Wilson Borja por la mención de su nombre en 45 correos electrónicos encontrados en el equipo de cómputo de Reyes, ordenando archivar el expediente.

 

Los nueve magistrados de la Corte concluyeron que las pruebas no pueden ser utilizadas en ningún proceso porque el equipo de cómputo fue recuperado de los escombros del campamento por personal militar y no por la policía judicial como señala la ley.

 

Ese argumento es sustentado también por la Corte por  la forma como se adelantó el operativo militar que terminó en la muerte de Reyes. El bombardeo, agrega el fallo, se produjo en territorio ecuatoriano "violando un acuerdo que habían suscrito los dos países".

 

"Para la incursión de tropas colombianas, el gobierno colombiano debió contar con una autorización previa del gobierno del vecino país", señaló el alto tribunal.

 

Y agregó que ninguna autoridad entrevistada por la Corte durante el proceso de investigación "sostuvo, respaldó o corroboró el contenido de los correos”. Uno de los entrevistados al respecto fue el ex presidente Álvaro Uribe.

 

Tras conocer el fallo el ex congresista Borja declaró que iniciará procesos judiciales contra el estado colombiano por los perjuicios que le generaron las investigaciones, entre ellas la pérdida de su curul y adelantó que uno de los demandados será Álvaro Uribe.

 

La ex senadora Piedad Córdoba, quien participó en las liberaciones de diferentes rehenes de las FARC, como en la de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también se pronunció al respecto, preguntándose si el procurador  general de Colombia cometió delito de prevaricación.

 

El ex presidente Álvaro Uribe manifestó también su opinión sobre el asunto vía Twitter, en donde declarando su desaprobación señaló: "los inocentes a la cárcel y no hay responsabilidad penal de colaboradores de narcoguerrillas? La presión mediática tiene valor probatorio pero no así los computadores de los terroristas".

 

 

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