Esta semana finalizó en Ecuador el juicio en primera instancia que inició cuatro meses atrás con la denuncia penal del presidente de ese país, Rafael Correa, en contra de tres altos ejecutivos del periódico El Universo y de uno de sus ex columnistas, a los que acusó de difamación.

 

La sentencia condenó a los acusados a tres años de prisión para cada uno y al pago de $30 millones de dólares, más el pago de $10 millones de dólares por parte de la Sociedad Anónima de El Universo, es decir, del periódico.

 

La demanda se presentó en ocasión de la columna del periodista Emilio Palacio que fue publicada en el periódico en cuestión el pasado 6 de febrero en alusión al enfrentamiento de las fuerzas policíacas de Ecuador y el presidente, ocurrido el 30 de septiembre de 2010.

 

El párrafo que el presidente Correa consideró difamatorio dice: “El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".

 

El presidente Correa señaló que este periodista lo acusó de haber cometidos crímenes de lesa humanidad y por eso interpuso la denuncia penal en su contra y en contra de los dueños del periódico por haber publicado la columna.

 

Un asunto que ha dado mucho que decir y que la prensa internacional, en términos generales, condena como una medida para censurar a los medios ecuatorianos.

 

Para los ahora condenados, la vía legal para obtener una reparación del daño era la civil y no la penal y consideran que pese a que el delito de injurias existe en el Código Penal ecuatoriano, con la nueva Constitución que fue impulsada por el propio presidente Correa, dicha disposición se invalida pues se otorga preeminencia a los tratados internacionales celebrados por Ecuador en materia de derechos humanos, y en esos tratados no existe tal delito de injurias.

 

Además señalan que existieron numerosas faltas al debido proceso, como la no aceptación de las pruebas presentadas para su defensa, lo que les hizo suponer desde el inicio del proceso que la sentencia les sería adversa.

 

El abogado de la defensa, Byron López señaló, en cuanto a la sentencia, que la pena no correspondía con el delito, puesto que la prisión solo era aplicable cuando hay injuria contra un servidor público y la denuncia fue interpuesta por el presidente como un ciudadano.

 

Los dueños del periódico además cuestionaron el que la demanda los haya incluido como responsables directos del delito de injuria, cuando la columna manifestaba no una noticia, sino una opinión personal del periodista y señalan que no haberla publicado habría equivalido a censurar una opinión. Esta opinión pone en cuestionamiento hasta donde los dueños de un medio son responsables de lo que hacen sus empleados, situación que el Parlamento británico se ha cuestionado esta misma semana con la comparecencia de Rupert Murdoch por el escándalo de escuchas ilegales de News of The World.

 

Mientras los abogados de los ejecutivos de El Universo y del ex columnista de ese medio declararon que apelarían la sentencia, el abogado del presidente Correa declaró que también apelaría para que la indemnización sea de $80 millones de dólares, no por tratarse del dinero, sino porque con ello “se defiende el principio de libertad de expresión en toda su magnitud”.

 

Sobre el dinero, el presidente Correa declaró también a través de su abogado que no se beneficiaría de la indemnización y que todo el dinero sería destinado a un proyecto petrolero.

 

Un asunto que nos mueve a considerar nuevamente hasta donde llega la libertad de expresión, dónde empieza el derecho de proteger la imagen de un funcionario, y dónde inicia la censura.

 

Más información El Comercio

 

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