La Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas de España presentó una querella en contra de seis ex funcionarios de la administración Bush por supuestos actos de tortura en la prisión de Guantánamo. Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional envió la querella a la fiscalía para que se decida sobre la apertura de la causa.

 

La lista de los acusados está encabezada por quien fuera Fiscal o Procurador General durante algunos años de la administración de George Bush, Alberto Gonzáles. Pero también figuran los nombres de John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia; Douglas J. Feith, ex subsecretario de Defensa para Asuntos Legales; William J. Hayes II, ex consejero general de la Oficina del departamento de Defensa; Jay S. Bybee, ex asistente del fiscal general y David S. Addington, ex jefe de gabinete y antiguo consejero del ex vicepresidente Dick Cheney.

 

España adquirió la jurisdicción para investigar el caso con fundamento en las Convenciones de Ginebra, según los cuales los países firmantes, Estados Unidos incluido, tienen la obligación de investigar los actos de tortura cometidos por las personas que residan en su territorio.

 

Si bien es cierto que ninguno de los acusados es residente español, España ha tomado el caso como suyo tras la negativa de Estados Unidos de instruir la causa, ya que de acuerdo con las normas de jurisdicción españolas, España puede llevar el caso si el que tiene la jurisdicción no lo hace.

 

De seguir adelante el proceso, España solicitaría el arresto y extradición de estos funcionarios y Estados Unidos tendría, por acuerdos internacionales, que cooperar con la justicia española o bien, iniciar ellos el proceso contra estos ex funcionarios y así evitar la extradición.

 

Por lo anterior, se considera que esta es una presión a la administración Obama para iniciar el proceso penal por actos de tortura, lo cual ha sido, hasta el momento, una decisión que dicha administración no ha querido tomar. 

 

Fuente BBC Mundo

 
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