La primera iniciativa en Francia de la Ley de creación e Internet que fue anunciada como la ley más revolucionaria en materia de sanciones por descargas ilegales de Internet fue sorpresivamente rechazada por el Congreso. Pero un mes después, el pasado mayo una nueva versión de la ley fue aprobada por el Congreso.

 

Según esa legislación se crea la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet, HADOPI por sus siglas en francés, con facultades para sancionar a los usuarios de la red que realicen descargas ilegales.

 

La polémica surgió porque esa autoridad quedaba facultada para sancionar al usuario que reincidiera en hacer descargas ilegales con el corte de su conexión al servicio de Internet de dos hasta doce meses, forzando al usuario a que siguiera pagando el servicio.

 

Esta disposición llegó a la Corte Constitucional que declaró ilegal la imposición de dicha sanción no solo porque se viola el derecho de libertad de expresión y de comunicación del ciudadano, sino sobretodo porque otorga facultades judiciales a una autoridad administrativa imponiendo además sanciones manifiestamente desproporcionadas lo que es violatorio del principio de derecho de presunción de inocencia.

 

Tras dicha declaración, la ley regresó al ejecutivo para ser modificada y presentada nuevamente ante el Congreso donde ya se le conoce como HADOPI 2. Según esta nueva versión solo se podrá notificar al usuario de sus descargas ilegales, la primera vez por correo electrónico y en caso de reincidencia por carta certificada. Pero el corte de la conexión a la red solo lo podrá ordenar el juez quien determinará si se desconecta por un mes en caso de que los contenidos sean de uso personal, o hasta por un año si se está lucrando con las descargas. Ello además de las multas que se podrán imponer y hasta dos años de cárcel en el caso de obtener un lucro indebido.

 

La nueva versión de la ley también prevé que la HADOPI avise al proveedor de Internet 15 días antes del reestablecimiento del servicio para que se borre el expediente del usuario sancionado y así evitar tener una lista negra.

 

La piratería y las descargas ilegales son un caso grave y no se ha logrado encontrar un justo medio que evite estas descargas sin vulnerar los derechos de los usuarios ni proteger suficientemente los contenidos de derechos de autor.

 

Así que Francia seguirá intentando esta fórmula que fue iniciativa del gobierno de Sarkozy. En estos días el senado estará revisando esta nueva versión de la ley.

 

Fuente El País.com

 

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