Elevación del nivel del mar en Tuvalu

 

La semana pasada se celebró en Tuvalu el Foro de Islas del Pacífico que reunió a los 18 líderes de los países miembros en una reunión que resultó ser un tanto ríspida por falta de acuerdo en materia de crisis climática por la oposición de Australia a la mención de combustibles fósiles, mientras que las restantes naciones como Fiyi, Kiribati, Islas Marshall y Tuvalu luchan por salvar a la población de inminentes inundaciones.

“Usted está preocupado por salvar su economía, su situación en Australia, yo estoy preocupado por salvar a mi gente en Tuvalu de la misma manera que otros líderes de pequeños países islas”, declaró Enele Sopoaga, primer ministro de Tuvalu, que dijo al primer ministro australiano Scott Morrison.

Además de los pormenores de las difíciles discusiones, un aspecto interesante e importante del foro fue la presentación de la organización Pacific Islands Students Fighting Climate Change, PISFCC, que agrupa a 27 estudiantes de Derecho de ocho naciones del Pacífico, que instó a sus líderes a buscar de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, una opinión consultiva sobre el cambio climático y los derechos humanos.

Una opinión consultiva de la CIJ no es vinculatoria, pero sería aclaratoria de las obligaciones de los países bajo el derecho internacional de resguardar los derechos humanos de las personas frente a la crisis climática.

Para las naciones del Pacífico una declaración de este tipo es importante porque lo que está en riesgo es su misma existencia. Ya desde 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, IPCC, reportó que la elevación en un metro del nivel del mar destruiría el 15 por ciento de las islas del Pacífico.

El año pasado se aprobó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se reconoce que “el cambio climático presenta una amenaza a la existencia de algunos países” y que “el cambio climático ya ha tenido un impacto adverso al disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos”.

La declaración, sin embargo, no es suficiente a juicio de los estudiantes de Derecho tomando en consideración que naciones como Australia continúan explotando el carbón como fuente de energía y no han tomado acciones concretas para alcanzar las metas acordadas en el Acuerdo de París.

“Estoy cansado de la hipocresía”, declara en un video Solomon Yeo, uno de los estudiantes de PISFCC. “Parece que sólo están bailando sobre nuestras tumbas, bailando sobre nuestras muertes. No vamos a esperar y a aceptar esto”.

Los estudiantes del PISFCC saben que la opinión que emita la CIJ, pese a nos ser vinculatoria, puede integrar áreas separadas del derecho internacional como derechos humanos y ley ambiental y proporcionaría mayor ímpetu y autoridad a acciones más ambiciosas bajo el Acuerdo de París para que se cumpla con las obligaciones en materia de derechos humanos, además de que fortalecería el consenso científico sobre la evidencia del cambio climático y ayudaría en los múltiples litigios nacionales e internacionales que en materia de cambio climático se están procesando en diferentes jurisdicciones.

“Estos hallazgos influirían tanto para alentar a los quejosos a presentar asuntos ante tribunales nacionales como en las decisiones últimas”, explicaron los estudiantes en un reporte que presentaron sobre su propuesta. “Una opinión consultiva puede, por tanto, pavimentar el camino hacia litigios exitosos en contra de gobierno y corporaciones que son responsables del cambio climático y sus consecuencias”.

Las naciones no pueden solicitar a la CIJ opiniones consultivas, pero sí lo pueden hacer juntas en una resolución de la ONU. Por eso, la meta es que la Asamblea General de la ONU pase en 2020 una resolución que pida la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en materia de cambio climático.

Esta campaña está siendo apoyada por abogados y profesores de Derecho de varios lugares del mundo. Así, Michael Gerrard, director y fundador del Sabin Center for Climate Change Law de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, declaró vía mail a Climate Liability News que, aunque a líderes mundiales actuales, “como de Estados Unidos y Brasil, no les interese mucho el derecho internacional, optimistamente a sus sucesores les importará”.

“Adicionalmente, tribunales nacionales de un creciente número de países están declarando la importancia legal de pronunciarse sobre el cambio climático en temas constitucionales, de derechos humanos y otros y una opinión de la CIJ apoyaría todavía más estos casos”, declara el profesor Gerrard.

Ya desde 2015 se discutió la importancia que una declaración o pronunciamiento de la CIJ tendría sobre el tema del cambio climático por lo que esperemos que la iniciativa sea probada por el Consejo General de la ONU y la CIJ, finalmente, se pronuncie sobre este importante tema que amenaza nuestro futuro.

Más información climateliabilitynews.org/ theguardian.com

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Imagen de nytimes.com